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​En 2007 la lucha de casi tres décadas por el derecho de acceso a la información culminaría con la adición de un segundo párrafo al Artículo 6º Constitucional, en el que se estableció que el acceso a la información es un derecho fundamental de todos los mexicanos.

La adición de este derecho fundamental significó el inicio de una nueva etapa de perfeccionamiento institucional en nuestro país, la inauguración de una nueva cultura gubernamental y de una nueva ciudadanía. A partir de la base sentada en la Reforma de 2007, el derecho de acceso a la información siguió una ruta expansiva, lógica y necesaria. La entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en 2010 quizás ha sido el mayor reto que haya enfrentado el IFAI desde su fundación. La garantía de este derecho significó que el Instituto regularía dos universos de naturaleza distinta, el público y el privado, lo cual obligaría a un ajuste institucional mayor.

A una década, el IFAI se enfrenta con nuevos desafíos. La perspectiva de una nueva reforma abre oportunidades para consolidar los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales. En este tercer número de “Transparencia y Privacidad” damos cuenta de ello.

Hay un consenso a nivel global sobre los enormes costos de la corrupción en la sociedad. En términos económicos la corrupción genera costos directos a la ciudadanía, malgasta recursos públicos y desalienta la inversión. En términos de gobernabilidad y democracia la corrupción debilita el imperio de la ley y quebranta la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno. Latinoamérica en especial es una de las regiones del mundo donde los costos de la corrupción son más visibles, donde los sectores más vulnerables de la sociedad han sido castigados mayormente por sus vicios. Lisa Bhansali y Paulina Soto, especialistas del Banco Mundial en políticas anti-corrupción y gobernanza, nos muestran en su artículo “El fortalecimiento de los sistema nacionales para incrementar la transparencia: Lecciones y progreso en América Latina” el largo camino que han emprendido las democracias latinoamericanas para combatir la cultura de la secrecía y la corrupción en las estructuras gubernamentales. Las autoras destacan, por un lado, los esfuerzos en términos normativos y de fortalecimiento institucional que han logrado los países de la región en los últimos 20 años, y por otro, el papel que han desempeñado organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en la promoción de mejores prácticas de gobernabilidad democrática.

Uno de los ámbitos en los que la agenda de transparencia y acceso a la información ha enfrentado las mayores resistencias en América Latina es el de los partidos políticos. Esta opacidad en el manejo ha generado un proceso de descomposición de amplios segmentos de la clase política y los ha deslegitimado frente al electorado. Luis Carlos Ugalde, ex-Consejero Presidente del IFE, en su artículo “La transparencia de los partidos políticos, asignatura pendiente de la democracia mexicana” nos ofrece un diagnóstico sobre el sistema actual de fiscalización a los partidos políticos en México y explica cómo las imperfecciones del sistema engendran corrupción. Con respecto a esto, Ugalde resalta la importancia de que en la Reforma a la Ley Federal de Transparencia aprobada en este año se haya incluido a los partidos políticos como sujetos obligados.

El combate a la corrupción no solamente debe partir desde las instituciones de gobierno; los esfuerzos deben provenir también desde el frente de la sociedad civil. Por más que se logre avanzar términos de fortalecimiento institucional, el problema perdurará si la sociedad considera que la corrupción es un mecanismo admisible de interacción. En un interesante artículo titulado “Comprendiendo las prácticas y los contextos de la corrupción: La legitimidad del marco legal”, Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Universidad Iberoamericana, nos muestra que la percepción pública sobre la ineficacia de las instituciones de gobierno, combinada con la creencia de que la ley es negociable, crean un medio ambiente idóneo para la subsistencia de la corrupción. A partir de esta noción Guerrero concluye que las política públicas de combate a la corrupción deben incorporar la promoción de la legalidad como uno de sus componentes principales, pues mientras el público siga creyendo que la corrupción es aceptable, los esfuerzos institucionales para erradicarla serán infructuosos.

En la sección de entrevistas presentamos una interesante conversación con Pedro Salazar Ugarte, especialista en garantías constitucionales y acceso a la información pública. Salazar profundiza en algunos de los retos que el IFAI enfrentará el próximo año una vez que la nueva reforma haya entrado en vigor, reflexiona sobre sus puntos clave y puntualiza que el éxito de la nueva ley federal de transparencia radicará en que esté acompañada de una buena legislación secundaria. Adicionalmente, en este número se incluyen las tradicionales secciones de reseñas de literatura especializada, sitios electrónicos relevantes y tesis doctorales.

Más allá del voto, la ciudadanía se construye día a día participando en los asuntos públicos, y una herramienta poderosa de participación ciudadana es el ejercicio de nuestro derecho a la información. En este tercer número de “Transparencia y Privacidad” se esboza el rumbo de la agenda en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos en un contexto de renovación institucional y reformas, donde quizá el reto más importante sea lograr que la ciudadanía se apropie del derecho a la información y lo convierta en la principal herramienta de interacción con su gobierno.